La encrucijada de los derechos humanos en el Sahara Occidental

Desde la entrada de forma ilegal y mediante la fuerza de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, se inició un enfrentamiento directo de la población civil al ejercito marroquí lo que ha derivado en la desaparición de más de quinientos saharauis que hasta la fecha se desconoce su paradero y sus familias siguen clamando justicia y exigiendo a los secuestradores revelar el lugar donde se encuentran sus seres queridos.

En los primeros años de ocupación, conocidos como los años de plomo, el régimen marroquí lanzó en 1976 bombas de NAPALM y Fósforo Blanco sobre los saharauis que huían hacia Argelia despavoridos ante los cruentos enfrentamientos entre los guerrilleros del Frente Polisario que defendían el territorio y los marroquíes desesperados para consumar la ocupación y liquidar cualquier foco de resistencia que evitase su avance y control definitivo del Sáhara Occidental.

Ante un rechazo total de dicha ocupación en las principales ciudades del Sáhara. Marruecos acudió al secuestro, la desaparición, las torturas y los interrogatorios forzosos para crear un clima de miedo y terror para que nadie pudiera sentirse por un instante seguro y así de esta forma propiciar una situación de desconfianza entre las familias infiltrando su propio espionaje para recoger información acerca del trabajo de los defensores de los derechos humanos.

En una escalada de horror sin precedentes muchos saharauis fueron lanzados al vacío desde helicópteros, otros tantos perecieron dentro de las cárceles marroquíes y otros fueron enterrados vivos en fosas comunes; así de esta manera actuaban las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos contra la población saharaui. No tuvieron respeto por los niños, ni las mujeres embarazadas, ni los ancianos; lo hicieron con total impunidad y desprecio hacia la vida. Todos estos hechos ocurrieron desde el año 1975 hasta 1991 cuando fue firmado el Plan de Paz de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental.

A partir del año 1991 fueron liberados varios saharauis que se encontraban en cárceles secretas marroquíes entre los cuales estaba Sidi Mohamed Dadach, premio Rafto y Aminetu Haidar, premio Robert Kennedy de los Derechos Humanos y otros tantos.

Gracias al trabajo de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), a Amnistía Internacional, France Liberté, la Organización de los Derechos Humanos y otras organizaciones se pudo por fin derribar algo del estado policial que había impuesto Marruecos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental.

Con la entrada 1991 de La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, los saharauis creyeron que había caído el telón de acero; pero desgraciadamente no fue así. Marruecos siguió cerrando el territorio a cal y canto prohibiendo la libertad de movimiento y expresión; reprimiendo ante la presencia de observadores internacionales cualquier manifestación pacífica a favor de la autodeterminación.

En el año 2005 la población saharaui de las zonas ocupadas harta de tanta represión se sublevó contra la ocupación marroquí exigiendo y reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación, ante esta situación el ejercito y la policía cargaron contra los niños, mujeres y hombres deteniendo a los principales activistas de derechos humanos sometiéndoles a sesiones interminables de torturas; sitiando a la ciudad del Aaiun capital del Sáhara Occidental con unidades militares, expulsando a la prensa internacional y a múltiples delegaciones de parlamentarios que llegaron desde Europa como testigos y observadores de un panorama apocalíptico que se vivía en las calles diariamente.

Ante la gravedad de los hechos muchas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Right Watch y El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron las flagrantes violaciones mediante informes en los que se relataba por parte de las víctimas el sufrimiento y la degradación a la que han sido sometidos tanto por la policía como la justicia del estado marroquí, lo que permitió la liberación de los activistas pero no acabó con las cargas policiales contra los manifestantes que exigían una vez más la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Actualmente hay seis activistas de derechos humanos detenidos en la Cárcel de Salé de Casablanca por el simple hecho de haber visitado los Campamentos de Refugiados Saharauis, mientras Aminetu Haidar ha sido interrogada por la policía a su salida de El Aaiun hacia Las Palmas de Gran Canaria, aunque en esta ocasión no le han confiscado su documentación y le han permitido salir sin problemas. El resto de asociaciones saharauis que defienden las libertades civiles en el territorio siguen trabajando de forma clandestina y ante una enorme presión policial sin derecho a salir del Sáhara Occidental y ejercer una labor de denuncia de las constantes violaciones que se siguen cometiendo por parte de Marruecos.

Recientemente y gracias a la presión internacional ha sido liberada Degja Lechgar que sufre un gran deterioro físico y mental debido al aislamiento y las torturas que vivió en la cárcel de Salé. Mientras Hamad Hmad, Sidi Mohamed Dadach, Galia Djimi, Sultana Jaya y otros activistas les niegan renovarles el pasaporte para salir a otros países y seguir con la labor de denuncia y sensibilización a favor del respeto de las libertades fundamentales y los derechos básicos de la población para avanzar hacia una verdadera democratización y solución del contencioso saharaui.

Podemos afirmar que Marruecos siguen violando los derechos humanos en el Sáhara Occidental, prohibiendo la libertad de expresión y movimiento, reprimiendo a la población saharaui ante el silencio de la misión de las Naciones Unidas, sin recibir por ello ningún tipo de condena por estos hechos graves. Ha llegado la hora de hablar claro de decir que no se puede consolidar una situación que lesiona el derecho internacional y prolonga el sufrimiento de un pueblo cuyo derecho a una libre descolonización a través de un referéndum de autodeterminación, esta reconocido por múltiples resoluciones dictadas por el propio Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La solución nace desde la razón inequívoca de la justicia y no desde la imposición ciega de la fuerza que socava y desprecia al contrario, cerrando las puertas a cualquier arreglo que sea justo, verdadero y duradero a este largo conflicto.