Informe Human Right Watch. Marruecos y el Sáhara Occidental

En 2009, las condiciones generales de derechos humanos se deterioraron en Marruecos, aunque el país continuó teniendo una sociedad civil activa y una prensa independiente. El Gobierno, con la ayuda de tribunales complacientes, usó las leyes represivas para castigar y encarcelar a opositores pacíficos, especialmente a los que violan los tabúes contra las críticas al Rey o la Monarquía, cuestionan la "marroquinidad" del Sáhara Occidental o "denigran" el islam.

Las restricciones de los derechos son especialmente duras en la agitada región del Sáhara Occidental, sobre la que Marruecos reclama su soberanía y la administra como si formara parte de su territorio nacional. Un movimiento pro independiente conocido como el Frente Polisario (Frente Popular para la Liberación de Saguía al-Hamra y Río de Oro) demanda un referendo de autodeterminación para el pueblo saharaui. En abril de 2007, el Polisario rechazó la propuesta marroquí de mejorar la autonomía de la región, principalmente porque no mencionaba en ningún momento la celebración de un referendo que incluyera la opción de la independencia. Numerosos saharauis fueron encausados o encarcelados por su defensa pacífica de la autodeterminación del territorio disputado del Sáhara Occidental. Aumentaron las restricciones del derecho a viajar por motivos políticos.

Terrorismo y antiterrorismo
Cientos de presuntos extremistas islamistas detenidos poco después de los atentados de Casablanca de mayo de 2003 continúan cumpliendo penas de cárcel. Muchos fueron condenados en juicios injustos después de haber estado detenidos clandestinamente ese año durante días o semanas, y fueron sometidos a maltrato y a veces tortura durante los interrogatorios. Algunos fueron sentenciados a muerte, una pena que Marruecos no ha abolido a pesar de no haberla ejecutado desde 1993. Desde agosto de 2006, la policía ha detenido a varios centenares más de presuntos militantes islamistas, muchos de los cuales fueron condenados y encarcelados por pertenencia a una "banda criminal" o por disponerse a unirse a "la yihad" en Irak.

Los servicios de inteligencia continuaron interrogando a sospechosos de terrorismo en un centro de detención no reconocido de Tamara, cerca de Rabat, según numerosos testimonios de los detenidos. Muchos sospechosos alegaron que la policía los había torturado durante los interrogatorios, mientras los mantenían recluidos sin cargos durante períodos por encima del máximo de 12 días que fija la ley para los casos de terrorismo. Por ejemplo, varios de los acusados en el denominado juicio masivo de Belliraj (véase más adelante) alegaron que la policía los había secuestrado y mantenido incomunicados durante períodos de dos a cuatro semanas antes de presentarlos ante un juez. Algunos de ellos dijeron en el juicio que los policías de Temara los habían torturado para extraer confesiones falsas.

Enfrentar los abusos cometidos en el pasado
Tras el trabajo pionero completado en 2005 por la Comisión de Igualdad y Reconciliación (CIR) de Marruecos, el Estado reconoció su responsabilidad por las "desapariciones" y otros abusos graves cometidos en el pasado, y compensó a aproximadamente 16,000 víctimas y sus familiares. Sin embargo, no se sabe de ningún funcionario o miembro de las fuerzas de seguridad marroquíes que haya sido procesado por violaciones cometidas durante el período investigado por la CIR que va de 1956 a 1999, y el Gobierno aún no ha implementado la mayoría de las reformas institucionales recomendadas por la CIR para evitar abusos en el futuro. Además, en octubre, los familiares de las personas "desaparecidas" cuyos casos habían sido investigados por la CIR y, después por el Consejo Asesor de Derechos Humanos, no habían recibido una explicación completa de las conclusiones de la CIR con respecto a la "desaparición" de sus familiares.

La conducta policial y el sistema de justicia penal
La policía tiene que rendir cuentas muy pocas veces por violar los derechos humanos. En los casos de carácter político es raro que los tribunales celebren juicios justos; los jueces ignoran habitualmente las peticiones de exámenes médicos presentadas por los acusados que alegan torturas, se niegan a citar a declarar a testigos exculpatorios y condenan a los acusados sobre la base de confesiones extraídas aparentemente con coacción. El 28 de julio, el Tribunal de Apelaciones de Rabat condenó a los 35 acusados del caso "Belliraj" por formar una red terrorista y les impuso penas de hasta cadena perpetua. Entre los acusados estaban los dirigentes de dos partidos y otras cuatro personalidades políticas muy conocidas. El tribunal basó casi totalmente su veredicto de culpabilidad en las declaraciones que la policía atribuyó a los acusados, a pesar de que la mayoría de ellos las habían rechazado ante el juez de instrucción y todos ellos las habían negado durante el juicio. El tribunal se negó a investigar las alegaciones de tortura, la falsificación de declaraciones y las declaraciones escritas en árabe para los acusados que no podían leer este idioma. La vista de apelación estaba prevista para diciembre de 2009.

El 8 de octubre, la policía arrestó a siete activistas saharauis no violentos cuando regresaban de una visita abierta a los campamentos de refugiados administrados por el Polisario cerca de Tinduf, Argelia. Un juez de Casablanca remitió su caso a un tribunal militar argumentado que los cargos incluían perjudicar la "seguridad externa del Estado", al "causar daño a la integridad territorial de Marruecos". La remisión de un caso contra civiles a un tribunal militar, donde los derechos procesales de los acusados están limitados, fue un hecho poco común y una mala señal.

Libertad de asociación, asamblea y movimiento
Marruecos hace alarde de contar con miles de asociaciones independientes. Sin embargo, los funcionarios del Gobierno impiden arbitrariamente la legalización de algunas organizaciones, menoscabando su libertad para operar. Entre los grupos afectados están los que defienden los derechos de los saharauis, los imazighen (bereberes), los inmigrantes subsaharianos y los graduados universitarios desempleados; así como las asociaciones benéficas, culturales y educativas entre cuyos líderes hay miembros de Justicia y Espiritualidad, uno de los movimientos islamistas más grandes del país.

El Gobierno tolera generalmente el funcionamiento de las muchas organizaciones de derechos humanos activas en Rabat y Casablanca. El 17 de febrero de 2009, las autoridades del norte de Marruecos arrestaron a Chekib el-Khayari, presidente de la Asociación de Derechos Humanos de El Rif, después de que acusara a ciertos funcionarios marroquíes de complicidad en el narcotráfico. El 24 de junio, un tribunal de Casablanca condenó a el-Khayari por "insultar gravemente a las instituciones del Estado" e infracciones monetarias menores, y le impuso una pena de tres años de prisión y una multa cuantiosa. En noviembre seguía encarcelado a la espera de la apelación de su sentencia.

En general, las autoridades no obstaculizan el trabajo de las organizaciones extranjeras de derechos humanos que visitan Marruecos, aunque las fuerzas de seguridad interrogan a veces a los marroquíes que han tenido contacto con ellas. A partir de octubre, la policía aplicó nuevas restricciones sobre las organizaciones que visitan los hogares de activistas saharauis, e interrumpió al menos siete de estas visitas alegando que los visitantes necesitaban una autorización para ellas. La mayor parte de encuentros al aire libre requieren una autorización del Ministerio del Interior, que puede negarla si considera que podrían "alterar el orden público". Aunque muchas de las frecuentes protestas públicas transcurren sin interrupciones, los agentes de policía armados con bastones han disuelto brutalmente algunas de ellas.

El Gobierno incrementó la prohibición de los viajes al extranjero de activistas saharauis. El 5 de agosto, las autoridades impidieron que seis estudiantes saharauis que iban a partir del aeropuerto de Agadir viajaran al Reino Unido para participar en un programa de diálogo intercultural. El 6 de octubre, las autoridades marroquíes detuvieron en el punto fronterizo e hicieron regresar a cinco activistas saharauis muy conocidos que se dirigían por tierra a Mauritania. Confiscaron sus pasaportes y, a principios de noviembre, todavía no se los habían devuelto. Las autoridades se negaron a emitir un pasaporte a Brahim Sabbar, secretario general de una organización de derechos humanos saharaui.

Libertad de prensa
La libertad de prensa empeoró en 2009. La ley de prensa dispone condenas de prisión por la divulgación "maliciosa" de "información falsa" que pudiera alterar el orden público o por las expresiones difamatorias, ofensivas contra los miembros de la familia real, o que denigren "el islam, la institución monárquica o la integridad territorial [de Marruecos]". Cuando el 26 de septiembre, el diario en árabe Akhbar al-Youm publicó una viñeta cómica sobre el primo del rey Mohammed VI, las autoridades intervinieron su cuenta bancaria y enviaron a la policía a cerrar sus oficinas de redacción - acciones que no tienen una base en la legislación marroquí. El 30 de octubre, un tribunal ordenó el cierre de las oficinas de Akhbar al-Youm e impuso multas y una pena de prisión suspendida al dibujante y al director del periódico. Driss Chahtane, editor del semanario al-Mish'al, ingresó en prisión el 15 de octubre, el día que un tribunal de primera instancia le condenó a un año de cárcel por la publicación maliciosa de "noticias falsas" sobre la salud del Rey. El 1 de agosto, el Ministro del Interior ordenó la incautación de la última edición de TelQuel y Nichan, porque los dos semanarios habían publicado los resultados de una encuesta de opinión sobre el rey Mohammed VI, a pesar de que los resultados eran favorables. Sin tener en cuenta la legislación aplicable, las autoridades destruyeron los ejemplares antes de que el editor pudiera apelar la incautación ante los tribunales.

Actores internacionales clave
Marruecos es el mayor beneficiario del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, y tiene asignada una ayuda de €654 para 2007-2010, que incluye donaciones a muchas organizaciones independientes de derechos humanos marroquíes. En 2008, la Unión Europea votó a favor de conceder el "estatuto avanzado" al Reino de Marruecos, situándolo en un nivel superior al de otros miembros de la "política de vecindad" de la UE.

Una delegación parlamentaria europea realizó una misión de investigación a Marruecos y el Sáhara Occidental en enero de 2009, que Marruecos llevaba tres años bloqueando. La delegación señaló que pudo realizar su visita sin obstáculos. Una de sus recomendaciones para Marruecos fue "asegurar que las clausulas relativas a la integridad territorial no se apliquen a la mera expresión de opiniones, incluyendo a las que apoyan la independencia, siempre que se respete el principio de la no violencia".

Aunque apoyaban la autonomía del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, los diplomáticos estadounidenses viajaron a la región para entrevistarse con activistas pro derechos humanos saharauis.

El 2 de noviembre, en la primera visita al Norte de África de un alto funcionario del gobierno de Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton se reunió en Marruecos con el rey Mohammed VI. En sus declaraciones públicas del día siguiente, Clinton alabó las reformas que habían permitido que las mujeres marroquíes "contribuyeran con sus considerables talentos al fortalecimiento de las instituciones democráticas, acelerando el crecimiento económico y expandiendo el trabajo de la sociedad civil".

Francia es el principal socio comercial de Marruecos y la principal fuente de ayuda oficial para el desarrollo e inversiones privadas. Francia entregó a Marruecos €460 millones en asistencia para el desarrollo internacional en 2007-2009, lo que lo convierte en el principal país beneficiario de dicha ayuda. Francia criticó públicamente en raras ocasiones las prácticas de Marruecos en materia de derechos humanos.

En abril de 2009, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó durante un año la fuerza de pacificación en Sahara Occidental de la Misión de la ONU para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero decidió una vez más no extender su mandato a la observación y la protección de los derechos humanos. Marruecos se opone a conceder dicho mandato a la MINURSO, mientras que el Polisario apoya esta medida.

El 9 de abril, Marruecos ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El 10 de diciembre de 2008, el rey Mohammed VI anunció que Marruecos iba a retirar sus reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, pero esto no se había producido aún en noviembre de 2009. En junio, Marruecos recibió la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, la primera visita del Grupo a un país árabe o africano. El Grupo alabó el trabajo de la CIR, pero expresó su preocupación porque su mandato, que excluye el enjuiciamiento de los responsables, pudiera promover la impunidad.