Marruecos y Sáhara Occidental: Pendientes de cumplir las promesas de equidad y reconciliación

En un nuevo informe publicado hoy, 6 de enero de 2010, en el cuarto aniversario del discurso del rey Mohamed VI que marcó el fin del trabajo de la Comisión de Equidad y Reconciliación (Instance Equité et Réconciliation, IER), Amnistía Internacional ha pedido a su majestad que haga honor a las expectativas que suscitó esta innovadora iniciativa. Con el establecimiento de la Comisión de Equidad y Reconciliación y su labor, las autoridades marroquíes prometieron abordar el legado de violaciones graves de derechos humanos en Marruecos y Sáhara Occidental que prevalecieron en los llamados “años de plomo” y proporcionar un recurso efectivo a sus miles de víctimas. A pesar de estas promesas, sólo se han revelado verdades parciales sobre los abusos del pasado, no se ha abordado el problema de la justicia y tampoco se han implementado las reformas legales e institucionales necesarias para que no vuelvan a repetirse tales abusos.

La Comisión de Equidad y Reconciliación, encargada de investigar los casos de desaparición forzada y detención arbitraria registrados de 1956 a 1999, contribuyó a arrojar luz sobre el alcance y la gravedad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En su informe final, hecho público en enero de 2006, la Comisión reconocía la responsabilidad de las autoridades marroquíes sobre graves violaciones de derechos humanos, recomendaba reparaciones para las víctimas y pedía a las autoridades marroquíes que adoptaran medidas adicionales para que no se repitieran tales abusos. El rey encomendó la supervisión del trabajo y las recomendaciones de la Comisión al Consejo Asesor de Derechos Humanos, institución nacional para la promoción y protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional acogió con agrado la creación y el trabajo de la Comisión y entabló un diálogo constructivo con ella y su mecanismo de supervisión, con la esperanza de contribuir a su labor ofreciendo recomendaciones basadas en las leyes y normas de derechos humanos.

En su nuevo informe, titulado Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and its Follow-up, Amnistía Internacional hace una evaluación del trabajo de la Comisión de Equidad y Reconciliación y su mecanismo de seguimiento. La organización de derechos humanos advierte que, cuatro años después de la conclusión del trabajo de la Comisión, se corre el peligro de que sus logros resulten debilitados por la falta de voluntad política. Las autoridades marroquíes deben cumplir sus promesas y aplicar las recomendaciones clave de la Comisión para que existan garantías de no repetición.

A fin de no perjudicar los avances realizados desde que el rey Mohamed VI inauguró la Comisión de Equidad y Reconciliación en enero de 2004, es imprescindible que las autoridades marroquíes resuelvan deficiencias y vacíos existentes en el proceso de abordar la herencia del pasado. Amnistía Internacional cree que no puede haber reconciliación de verdad si no se restituye la dignidad a las víctimas ofreciendo una explicación completa de las razones por las que fueron objeto de abusos. Si no se obliga a los perpetradores a responder de sus crímenes ni se introducen salvaguardias reales para proteger a la sociedad de la repetición de tales violaciones graves de derechos humanos, hablar de un verdadero deseo de afrontar el pasado para construir un futuro mejor suena a palabras huecas.

La Comisión de Equidad y Reconciliación investigó cientos de casos de desaparición forzada ocurridos en Marruecos y Sáhara Occidental, concretamente desde mediados de la década de 1960 hasta principios de 1990. La Comisión afirmó que había resuelto 742 casos. Los 66 casos pendientes fueron investigados por el Consejo Asesor de Derechos Humanos, de los cuales confirmó haber resuelto unos 60. Pero, a pesar de las reiteradas promesas, no se ha publicado hasta la fecha una lista de los casos esclarecidos. Además de ser un hecho lamentable en sí mismo, simboliza el incumplimiento de la promesa de adoptar medidas concretas para abordar de manera genuina y transparente el legado del pasado.
Más aún, muchos familiares de víctimas de desaparición forzada se han sentido decepcionados por los resultados de las investigaciones, especialmente por la falta de información. A menudo sucedió que la información que recibieron al término de las investigaciones sólo reflejaba lo que ya sabían o lo que ellos mismos habían aportado a la Comisión o a su mecanismo de supervisión. Esto se debe en parte al hecho de que ninguna de las dos instituciones estaba facultada para obligar a las autoridades a colaborar con las investigaciones.

Una importante deficiencia de la Comisión de Equidad y Reconciliación ha sido su fracaso a la hora de abordar el problema de la justicia. Aunque la Comisión ya nació con un grave impedimento al no incluir en su mandato la identificación de los autores de violaciones de derechos humanos, ni siquiera hizo la recomendación a las autoridades marroquíes de llevar a los perpetradores ante la justicia. Tampoco recomendó el establecimiento de un mecanismo de investigación que garantice que las personas sobre quienes sea razonable sospechar que han cometido graves violaciones de derechos humanos no ocupan puestos de autoridad, algo que resulta especialmente desmoralizador teniendo en cuenta que hay funcionarios en activo que presuntamente han cometido tales abusos. Si no hay rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, en Marruecos y Sáhara Occidental seguirá imperando la cultura de la impunidad.

Un aspecto en el que la Comisión de Equidad y Reconciliación y su mecanismo de supervisión hicieron progresos fue el de la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Algunas víctimas recibieron, además de una indemnización, rehabilitación médica y social. Sin embargo, el programa de reparaciones se ha visto perjudicado a causa de algunos vacíos y quejas de que no satisfacía por completo las necesidades de las víctimas. La ausencia de un mecanismo de apelación que permita a las víctimas impugnar las decisiones relativas a sus casos resulta especialmente decepcionante habida cuenta de que persisten los motivos de preocupación en relación con la transparencia y la equidad del programa de reparaciones. Su otro gran defecto es el trato a las víctimas en Sáhara Occidental. A pesar de que la región padeció y sigue padeciendo violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades marroquíes de manera desproporcionada, Sáhara Occidental fue excluido de las reparaciones colectivas asignadas a las zonas especialmente afectadas por la represión. Además, no se organizó en Sáhara Occidental ninguna vista pública que permitiera a las víctimas relatar su sufrimiento como se estaba haciendo en otras seis regiones de Marruecos.

A pesar de las conversaciones interminables de las autoridades marroquíes y el Consejo Asesor de Derechos Humanos sobre la necesidad de reformas y la puesta en marcha de iniciativas oficiales para la reforma, principalmente en el sector de la justicia, la abrumadora mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación para mejorar la estructura jurídica e institucional que facilitó la comisión de violaciones de derechos humanos no se han aplicado. El incumplimiento incluso de las recomendaciones menos delicadas, como la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos adicionales, revela falta de voluntad política para adoptar salvaguardias efectivas dirigidas a proteger los derechos humanos y cambiar la estructura política que permitió la comisión de tales violaciones en un clima de impunidad prácticamente absoluta.

El hecho de que hoy día se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en Marruecos y Sáhara Occidental –aunque a una escala reducida si se compara con el periodo abarcado por el mandato de la Comisión de Equidad y Reconciliación– viene a subrayar la importancia de seguir las recomendaciones de la Comisión y poner fin a la cultura de impunidad.
Amnistía Internacional hizo diversas recomendaciones en su informe destinadas a consolidar los avances conseguidos en el proceso de abordar el legado del pasado, entre ellas:

Al Consejo Asesor de Derechos Humanos:

- Publicar sin demora la lista de todos los casos de desaparición forzada presentados a la Comisión de Equidad y Reconciliación y al Consejo Asesor de Derechos Humanos. En ella deben figurar los nombres de las personas desaparecidas, las circunstancias de su desaparición, la información reunida en cada caso y si éste se ha trasladado a las autoridades para proseguir la investigación.

A las autoridades marroquíes:

- Garantizar investigaciones completas, imparciales e independientes sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 1999. El órgano encargado de la investigación deberá estar facultado para hacer comparecer a testigos, incluidos funcionarios y ex funcionarios públicos, y tener atribuciones de citación, registro y confiscación.

- Llevar a los presuntos autores ante un tribunal para que sean procesados sin más demora y con las debidas garantías, y establecer un sistema de investigación que garantice que las personas sobre quienes sea razonable sospechar que han cometido delitos de derecho internacional o abusos contra los derechos humanos no ocupan puestos de autoridad en los que puedan volver a cometer tales violaciones de derechos humanos.

- Establecer un mecanismo de apelación que, a las víctimas de violaciones de derechos humanos que consideren que no se ha examinado debidamente su solicitud de reparación, les permita impugnar esa decisión.

- Aplicar las recomendaciones de la Comisión de Equidad y Reconciliación de reformar el sistema judicial y garantizar su independencia con arreglo a las leyes y normas internacionales.

Si las autoridades marroquíes no demuestran la voluntad política necesaria para aplicar estas recomendaciones sin más demora, existe el peligro de que el proceso iniciado hace seis años con la inauguración de la Comisión de Equidad y Reconciliación se perciba como un ejercicio de relaciones públicas destinado a mejorar la imagen de Marruecos y a apaciguar a las víctimas con indemnizaciones y otros beneficios.